De la guerra al cerco económico contra Irán

De la guerra al cerco económico contra Irán

20 de septiembre de 2026

Han pasado ya más de seis meses desde que, el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán. Lo que en un primer momento podía parecer una operación militar de duración limitada se ha convertido en un conflicto prolongado, cuyo desenlace sigue siendo incierto.

Pero después de tantos meses resulta más fácil distinguir cuáles han sido los objetivos fundamentales de Washington y, sobre todo, hacia dónde parece dirigirse ahora su estrategia.

Por primera vez, Estados Unidos ha entrado directamente y a gran escala en una guerra contra la República Islámica. Durante décadas había recurrido a sanciones, amenazas, operaciones encubiertas, presión diplomática y apoyo militar a sus aliados regionales. Esta vez, sin embargo, sus propias fuerzas armadas han participado directamente en una campaña destinada a destruir una parte sustancial de las capacidades militares iraníes.

Desde el comienzo, Washington señaló varios objetivos: impedir que Irán pueda desarrollar un arma nuclear, destruir o reducir drásticamente su capacidad de producción y lanzamiento de misiles y drones, neutralizar su poder naval y limitar su capacidad para financiar, armar y dirigir a las organizaciones aliadas que actúan fuera de sus fronteras, los llamados proxies.

A finales de marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmaba que Estados Unidos había destruido gran parte de la fuerza aérea y de la marina iraní y que continuaba atacando las fábricas de armamento y los sistemas de lanzamiento de misiles. La propia Administración estadounidense ha presentado estos objetivos como una forma de impedir que Irán pueda volver a proyectar el mismo poder militar sobre la región.

Por tanto, esta guerra no puede entenderse únicamente como una operación contra unas instalaciones nucleares determinadas.

Durante décadas, la República Islámica construyó su política regional sobre varios pilares: el programa nuclear; una enorme capacidad de misiles y drones; el apoyo económico y militar a organizaciones aliadas en distintos países; y una política de confrontación permanente con Israel y con Estados Unidos. Ese modelo ha tenido un coste gigantesco para Irán.

Buena parte de los recursos económicos del país se destinó durante años a construir instalaciones militares, sistemas de defensa, fábricas de misiles, infraestructuras nucleares y una red de influencia regional que iba desde Líbano hasta Yemen, pasando por Irak, Siria y otros escenarios.

En unos meses de guerra, una parte importante de esa inversión ha sido destruida o seriamente dañada.

Y aquí aparece, a mi juicio, una cuestión fundamental: quizá Washington no necesite necesariamente cambiar el gobierno iraní para conseguir una transformación profunda de la política de la República Islámica.

La diferencia entre cambiar un régimen y obligar a un régimen a cambiar su comportamiento es esencial para comprender lo que está sucediendo.

La Administración estadounidense no ha mantenido de forma constante que el objetivo oficial de la guerra sea derribar la República Islámica. De hecho, distintos responsables estadounidenses han insistido en que sus objetivos militares son concretos: programa nuclear, misiles, marina, industria militar y apoyo a los grupos armados aliados de Teherán.

Eso no significa que Washington quiera preservar necesariamente el sistema político iraní. Significa algo diferente: que está intentando colocar a sus dirigentes ante una elección extremadamente difícil. O cambian su política o tendrán que asumir un coste cada vez mayor para mantenerla. Y después de la fase esencialmente militar estamos entrando precisamente en esa segunda etapa.

De las bombas a la economía

Estados Unidos ha intensificado durante las últimas semanas una campaña de aislamiento económico contra Irán. A finales de agosto, el Departamento del Tesoro puso en marcha la denominada Operation Economic Outcast, destinada a cortar las vías financieras que todavía permiten al Estado iraní obtener divisas, comerciar internacionalmente y financiar tanto su aparato militar como sus aliados regionales.

A ello se suma el bloqueo marítimo estadounidense, que está dificultando considerablemente las exportaciones iraníes de petróleo. Las cifras ofrecidas por funcionarios estadounidenses son significativas: los cargamentos de petróleo iraní habrían descendido desde aproximadamente 1,8 millones de barriles diarios antes de la guerra hasta alrededor de 200.000 barriles diarios durante el último mes. La estrategia parece, por tanto, bastante clara. Primero se ha golpeado la capacidad militar.

Ahora se pretende impedir que Irán consiga los recursos necesarios para reconstruirla. Washington está extendiendo además las sanciones a empresas, intermediarios y redes financieras de terceros países que ayudan a Irán o a organizaciones como Hezbolá. El mensaje estadounidense es que quienes faciliten esas operaciones también pueden quedar fuera del sistema financiero norteamericano.

Estamos, por tanto, ante una combinación de presión militar, naval, financiera, comercial y energética de enorme intensidad. Pero existe una paradoja que no debería ignorarse.

Después de más de seis meses de guerra, Irán continúa resistiendo. La República Islámica ha sufrido pérdidas militares extraordinarias, pero no ha desaparecido. Conserva capacidad de respuesta, mantiene aliados regionales y ha conseguido prolongar una guerra que Washington probablemente esperaba resolver mucho antes.

Además, el conflicto ha provocado consecuencias económicas internacionales importantes. El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los grandes problemas de la guerra y el aumento del precio del petróleo y del gas está afectando también a Estados Unidos y a sus aliados. La presión, por tanto, funciona en ambas direcciones.

Estados Unidos posee una superioridad militar y económica incomparablemente mayor, pero Irán dispone de una geografía y de instrumentos regionales capaces de elevar enormemente el coste de una guerra prolongada.

Por eso, después de seis meses de enfrentamiento, la pregunta ya no es solamente quién posee más capacidad militar. La verdadera pregunta es qué pretende conseguir cada parte antes de aceptar el final de la guerra. ¿Cambio de régimen o cambio de comportamiento? Ésta es probablemente la cuestión central.

Si observamos las declaraciones oficiales estadounidenses, aparece repetidamente una serie de exigencias: Irán no debe disponer de armas nucleares; debe reducir drásticamente su capacidad de misiles y drones; debe dejar de amenazar a las fuerzas estadounidenses y a sus aliados; debe abandonar o reducir sustancialmente el apoyo militar y financiero a sus organizaciones aliadas; y debe permitir nuevamente la circulación por las grandes rutas marítimas de la región.

Es decir, Washington pretende modificar algunos de los elementos fundamentales de la política exterior y militar desarrollada por la República Islámica durante casi medio siglo. La cuestión nuclear es sólo una parte del problema. El verdadero conflicto afecta al modelo regional construido por Teherán desde 1979.

Irán tendrá que decidir ahora cuánto está dispuesto a sacrificar para conservarlo.

Porque incluso si mañana terminara la guerra, reconstruir las instalaciones destruidas, recuperar las capacidades aéreas y navales perdidas, reponer arsenales, reparar sistemas defensivos y volver a financiar una amplia red de aliados regionales exigiría cantidades enormes de dinero. Y precisamente ahí entra en juego el cerco económico. Washington parece intentar impedir que Teherán disponga de ese dinero.

La presión económica pretende conseguir aquello que las bombas, por sí solas, no necesariamente pueden obtener: obligar al adversario a sentarse a negociar y aceptar modificaciones duraderas de su comportamiento.

Eso explica que las sanciones actuales no deban contemplarse como un elemento independiente de la guerra. Son, en realidad, la continuación de la guerra por otros medios. Primero se destruye una capacidad. Después se dificulta económicamente su reconstrucción. Y finalmente se ofrece una salida: modificar el comportamiento y negociar a cambio de una progresiva reincorporación económica. Naturalmente, nada garantiza que esa estrategia funcione.

La historia demuestra que los regímenes sometidos a una presión exterior extrema no siempre reaccionan como esperan quienes ejercen esa presión. El aislamiento puede provocar negociación, pero también puede fortalecer a los sectores más radicales, aumentar el nacionalismo o trasladar el coste de las sanciones fundamentalmente a la población. Y ése será uno de los grandes interrogantes de los próximos meses.

La República Islámica se encuentra probablemente ante uno de los momentos más difíciles de su historia. Ha perdido una parte importante de su capacidad militar, afronta un aislamiento económico creciente y debe decidir si continúa sosteniendo el mismo proyecto regional que ha mantenido durante décadas o acepta modificarlo para garantizar su propia supervivencia.

Estados Unidos, por su parte, también tiene un problema: después de más de seis meses de guerra necesita transformar su superioridad militar en un resultado político concreto. Destruir instalaciones es relativamente fácil para una gran potencia militar. Cambiar el comportamiento de un Estado es mucho más difícil. Y cambiar una estructura política construida durante casi medio siglo resulta todavía más complicado.

Quizá por eso la guerra contra Irán está entrando ahora en su fase más decisiva. Ya no se trata únicamente de aviones, barcos, misiles o instalaciones nucleares. Se trata de saber si la presión militar y económica conseguirá modificar las decisiones de quienes gobiernan Irán o si, por el contrario, Teherán preferirá continuar resistiendo y asumir el enorme coste que ello supondrá para el país.

Después de más de seis meses de guerra, las bombas han destruido muchas cosas. Pero todavía queda por saber si conseguirán cambiar aquello que Estados Unidos realmente pretende cambiar: el comportamiento de la República Islámica dentro y fuera de sus fronteras.